“Culpable hasta que se demuestre lo contrario”:

Amenazas y demandas de empresas transnacionales a las políticas públicas en Uruguay

Natalia Carrau – REDES-AT, diciembre 2017

Transnacionales-Corregido

La lógica del libre comercio y la liberalización de las inversiones
cuestiona directa e indirectamente el papel y el alcance
del Estado. Lo hace a través de incidir en numerosos
instrumentos: legislación nacional, regional, internacional y
multilateral, apelando a normativas específicas que regulan
temáticamente y a nivel sectorial.
En este proceso, los primeros síntomas de afectación en la
capacidad del Estado para actuar se hacen evidentes a través
de la restricción que sufre la política doméstica. Ésta encuentra
en las políticas públicas su expresión más directa.
Las políticas públicas se traducen en leyes, decretos, reglamentaciones
o regulaciones. No siempre se trata de una política
constituida, con infraestructura y/o arreglos institucionales
generados para llevarla adelante o un equipo técnico
que la ejecuta en el territorio. A menudo se tratan de políticas
que solapan diferentes niveles de gobierno y combina
diferentes carteras y, que eventualmente entran en tensión
con otras políticas que se dirigen a promover las inversiones
y proteger a los inversionistas.
La agenda de derechos que los gobiernos del Frente Amplio
han expandido y potenciado se puede ver expresada en diversas
políticas públicas con diferentes niveles de desarrollo
y complejidad. Como lo demuestran muchas declaraciones
públicas de autoridades, la importancia de implementar políticas
también está relacionada con la necesidad de instrumentar
materialmente esa agenda de derechos.
Las políticas públicas ofrecen una trayectoria a una línea
de trabajo, un programa de gobierno o una plataforma programática.
También establecen mecanismos concretos para
hacer efectivos ese programa en la práctica. Contar con políticas
públicas que regulen y controlen actividades, promuevan
buenas prácticas, establezcan estándares y criterios
que, en conjunto, busquen asegurar el interés y bienestar
público general y los derechos de la población, constituye
parte medular de un gobierno.
Es sumamente complejo medir con precisión hasta dónde
los instrumentos internacionales de comercio e inversiones
inciden modificando e interviniendo la política doméstica.
Al mismo tiempo, estos instrumentos son considerados legítimos
al ser sancionados en plena soberanía. Sin embargo,
cuando se disparan los mecanismos previstos que protegen
la inversión o al inversionista, se pueden apreciar los movimientos
e intervenciones que suelen impactar en las políticas
públicas.
La restricción a la actuación del Estado puede operar ex post.
Es decir, una vez implementada la política pública, ciertas líneas
de acción e intervención se interpretan en tensión con
el derecho del mercado o el derecho de los inversionistas
(amparados en estos instrumentos). La restricción también
puede operar ex ante dando lugar a lo que habitualmente se
conoce como el efecto de “enfriamiento regulatorio”.
La tensión presiona los derechos consagrados en los entramados
jurídicos nacionales de los países y protegidos por la
gobernanza global: Derecho a la Alimentación, Derecho a la
Salud, Derecho a la Información, Derecho a un Medio Ambiente
adecuado, entre otros.
Bajo este esquema se configura una asimetría que puede
calificarse de escandalosa: los Estados, entidades sometidas
al escrutinio público, al voto democrático de ciudadanos/
as, a las obligaciones de garantizar y respetar los derechos,
quienes deben rendir cuentas frente a la población pero
también frente a diversos tribunales, son llevados a juicio
por actores que operan en el ámbito privado transnacional,
quienes desde la órbita del mercado reclaman por la defensa
de sus derechos individuales, derechos privados, derechos
de mercado, asociados a la propiedad.
No importa cuántos instrumentos internacionales los Estados
pueden negociar y firmar para la promoción de las inversiones.
Ninguno de ellos debería ni directa ni indirectamente
cuestionar la política doméstica. Y si esto ocurriera,
valdría la pena denominar de forma diferente las esferas de
actuación de los actores y redefinir los escalafones en donde
colocamos a los Estados en la arena internacional, reconociendo
de ese modo, que los Estados no ocupan un lugar de
jerarquía y que quienes diseñan las reglas de juego son actores
privados y transnacionales: empresas transnacionales
(ETN).